La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) está trabajando intensamente para adaptarse a las exigencias del nuevo código aduanero de la Unión Europea. Se prevee que entre en vigor el día 1 de noviembre.
Con la nueva normativa europea las terminales marítimas se convierten en almacenes de depósito temporal para las mercancías de que no sean de la Unión Europea. De esta forma, las terminales son las responsables últimas de garantizar que todas las mercancías que salen de su instalación cumplen con los requisitos aduaneros pertinentes.
Para poder cumplir con la legalidad vigente y garantizar la fluidez en las terminales se ha acordado dividir en dos fases la implantación del procedimiento. La primera fase contempla la aplicación del procedimiento que recoge la “ Guía para el uso del Valenciap ortPCS para las salidas de terminal sin LSP ” y que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre.
En este documento se recogen medidas como el procedimiento para poder sacar un contenedor sin necesidad de presentar el LSP, o la necesidad de que las órdenes de entrega de los transportistas deberán incluir la correspondiente autorización aduanera.
Con esta nueva normativa, si un contenedor no tiene la correspondicente autorización de la aduana, la terminal de contenedores no podrá entregarlo quitando casos excepcionales.
Algunas de las medidas a realizar son: la implantación de nuevos documentos electrónicos para los movimientos de mercancías en depósito temporal , el desarrollo de la ventanilla única aduanera, el desarrollo e implementación del Gestor de Posicionados por parte de la APV, el control de salidas vía terrestre de contenedores de exportación, o la mejora de la gestión de depósito y entregas de carga a granel y carga general distinta de la transportada en contenedor entre otras.
El nuevo Código Aduanero, que entró en vigor el pasado mes de mayo de 2016 es de implantación obligatoria para el próximo 1 de noviembre .
Tiene como principales objetivos facilitar un entorno adecuado para el desarrollo del comercio para aumentar la competitividad de los países y de las empresas de los estado miembros así como proteger sus intereses financieros y alcanzar un equilibrio entre facilitar las operaciones comerciales al operador económico y el control aduanero.
